- La FGR lo señala de ocultar evidencia y de su posible participación en la desaparición forzada de 43 normalistas.
- La audiencia del imputado se reanudará el próximo martes 11 de agosto.
Ciudad de México.- Tras abrirse nuevas líneas de investigación en el caso Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que se dictara prisión preventiva contra Ángel “N”, por su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas, en este caso los 43 estudiantes normalistas.
En audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal el cumplimiento de la orden de aprehensión, por lo que el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa le formuló imputación y solicitó su vinculación a proceso.
No obstante, la defensa del imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia se llevará a cabo el próximo martes 11 de agosto.
Como parte del nuevo modelo de investigación emprendido por la FGR, en colaboración con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se realizó el reanálisis profundo, exhaustivo y detallado de las actuaciones existentes que abrieron nuevas líneas de investigación.
Dichos trabajos acreditaron con plena evidencia y apego al debido proceso, la posible participación de Ángel “N”, ex gobernador del estado de Guerrero, en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes.
La FGR, informó, cuenta con datos de prueba que acreditan que la instrucción para realizar dicho ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces mandatario de la entidad, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.
Estos y otros elementos contenidos en la investigación permiten sostener que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal.
