- La FGR deberá determinar si existen datos de prueba suficientes para solicitar órdenes de aprehensión
Ciudad de México.— Al señalar la ausencia de pruebas contundentes y advertir posibles tintes políticos en el caso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puso en duda la solidez de las acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios.
Durante su posicionamiento dado en la Mañanera del Pueblo de este jueves, la mandataria subrayó que cualquier señalamiento debe estar respaldado por evidencia sólida conforme a la legislación mexicana, particularmente en el marco del sistema penal acusatorio vigente.
La presidenta explicó que el 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición, las cuales fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su evaluación conforme al marco legal nacional.
La FGR, detalló, deberá determinar si existen datos de prueba suficientes para solicitar órdenes de aprehensión, además de iniciar una investigación propia sobre los hechos. Asimismo advirtió que, de no presentarse evidencia clara, las acusaciones podrían responder a intereses políticos.
En este sentido, Sheinbaum recordó que la legislación mexicana exige evidencia que sustente la probable responsabilidad de los acusados antes de proceder judicialmente.
Las declaraciones se dan luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de su fiscalía en el Distrito Sur de Nueva York, hiciera públicos cargos contra el mandatario estatal, un senador y el alcalde de Culiacán, entro otros funcionarios y mandos de seguridad, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Acusación basada en dichos, advierte la presidenta
Posteriormente, en respuesta a cuestionamientos de los reporteros, Sheinbaum indicó que el documento presentado por las autoridades estadounidenses —denominado “acusación de reemplazo bajo reserva”— consiste en un relato amplio, pero con elementos probatorios limitados.
“Lo que se presenta como prueba es, incluso, una hoja con anotaciones de presuntos sobornos. Eso llama la atención. Tiene que haber pruebas documentales, fehacientes”, sostuvo.
No obstante, la mandataria enfatizó que su gobierno no protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito, pero dejó claro que tampoco permitirá injerencias externas.
“No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo de México”, afirmó, al tiempo que citó el principio de soberanía establecido en la Constitución.
Asimismo, recordó el antecedente del caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido en Estados Unidos y posteriormente liberado en México tras determinarse la falta de pruebas suficientes.
“Una acusación, cualquiera que sea, tiene que tener pruebas contundentes. No es nada más dicho de una persona”, afirmó.
Finalmente, reiteró que la posición de su gobierno se basa en tres principios: “verdad, justicia y defensa de la soberanía”, y aseguró que cualquier acción se realizará conforme al Estado de derecho y bajo jurisdicción mexicana.
