• La empresa de Salinas Pliego incumple con el pago de multas e intenta evadir el pago

 

Ciudad de Puebla, Pue. – TV Azteca Puebla, del empresario Ricardo Salinas Pliego, logró frenar un procedimiento de embargo precautorio, luego de que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del Gobierno del Estado acudiera a sus instalaciones para ejecutar la acción administrativa solicitada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

 

La acción fue ejecutada por el Gobierno de Puebla derivada de un adeudo cercano a los cinco millones de pesos, como parte de un proceso de cobro relacionado con sanciones impuestas por autoridades federales. 

 

El caso vuelve a colocar bajo escrutinio a una de las empresas del conglomerado de Salinas Pliego, empresario que en los últimos años ha protagonizado diversos litigios y controversias con autoridades fiscales por el pago de contribuciones y obligaciones legales.

 

De acuerdo con el coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado, José Luis García Parra, el adeudo tiene su origen en alrededor de 40 multas impuestas por autoridades laborales federales, luego de que la empresa se opusiera a una inspección y omitiera presentar documentación básica relacionada con los derechos laborales de sus trabajadores, entre ella reglamentos internos, constancias de vacaciones, pagos de aguinaldo y primas dominicales.

 

Las sanciones derivaron en un crédito fiscal que fue turnado para su ejecución mediante los mecanismos de colaboración entre la Federación y el Gobierno de Puebla. Aunque la televisora promovió recursos legales para combatir las multas, las autoridades señalaron que incumplió inicialmente con la obligación de garantizar el interés fiscal, condición indispensable para mantener suspendidas las acciones de cobro.

 

Fue precisamente ese incumplimiento lo que abrió la puerta al procedimiento de embargo en las instalaciones de la empresa. Sin embargo, ante la inminencia de la medida, TV Azteca presentó una garantía por aproximadamente 3.3 millones de pesos, lo que permitió detener temporalmente la ejecución.

 

Cuestionado al respecto, el gobernador Alejandro Armenta sostuvo que la actuación gubernamental respondió exclusivamente a la obligación de recuperar créditos fiscales vigentes y no a una confrontación con el medio de comunicación.

 

La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración reiteró que ninguna compañía puede quedar exenta de procedimientos de cobro por el simple hecho de pertenecer al sector de medios de comunicación. En ese sentido, subrayó que la recuperación de créditos fiscales debe aplicarse de manera uniforme, independientemente del tamaño, influencia o propietario de la empresa involucrada.