FGR presentó 49 pruebas contra Irene 'N' durante audiencia

El Centro de Justicia Penal Federal en Puebla fue escenario este miércoles de una audiencia crucial en el juicio en contra de Irene 'N', exalcaldesa de Izúcar de Matamoros por el partido Morena, después de presuntamente ordenar la detención ilegal de periodistas y activistas en el marco del 8M.

Tras 27 meses de evadir la justicia federal, Irene 'N' compareció finalmente ante un juez federal este miércoles a la 1:30 pm, enfrentando acusaciones graves que incluyen intimidación, falsificación de documentos oficiales y ordenamiento de agresiones contra periodistas y activistas.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó incluir la investigación del asesinato de la testigo protegida María del Socorro Barrera, así también anexar resultados del cateo realizado a la comandancia de la policía municipal izucarense.

Durante la audiencia, que se extendió por casi cuatro horas, la periodista Michelle, una de las víctimas, ofreció declaraciones sobre el proceso.

"Se presentaron 49 pruebas, incluidas alteraciones documentales, testimonios clave y evidencias encontradas en operativos pasados", señaló Michelle.

En la audiencia, también destacó el papel valiente de testigos protegidos como María del Socorro Barrera, quien enfrentó intimidaciones y amenazas durante el mandato de Irene 'N'.

El juez otorgó a la defensa de la exalcaldesa un plazo máximo hasta el próximo lunes para presentar pruebas en su favor. Mientras tanto, se dictaron medidas cautelares para proteger a las víctimas y testigos, quienes denunciaron posibles riesgos a su integridad.

Este proceso representa un paso importante en la búsqueda de justicia para las periodistas Michelle y Natalie, así como para el colectivo Marea Púrpura, víctimas de detenciones arbitrarias y presuntos ataques sexuales durante la gestión de Irene 'N'.

"Exigimos que se siga investigando y que se haga justicia", concluyó Michelle.

La próxima sesión, programada para el lunes a las 3 de la tarde, definirá si Irene 'N' será vinculada a proceso, marcando un hito en un caso emblemático de derechos humanos en Puebla.