• La defensa del exgobernador, acusado de huachicol fiscal, solicitó cambiar las condiciones de reclusión debido a que su cliente tiene  problemas de salud.
  • El imputado quedará bajo la vigilancia permanente de la Guardia Nacional, además de tener prohibido salir del país. 

 

Ciudad de México.- Derivado de una solicitud formulada por la defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, este viernes se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, en la que se determinó que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se cumpla en el domicilio del justiciable.

 

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR), la defensa solicitó la modificación del lugar donde se ejecute la prisión preventiva oficiosa, al señalar que dicha persona es adulta mayor y tiene problemas de salud, por lo que ofreció dictámenes médicos de una cirugía y de diversos padecimientos.

 

Además, el Juez de Control ordenó que el imputado tenga vigilancia permanente por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN), prohibición de salir del país, retiro de su pasaporte y visa, así como no acercarse a los testigos y personas relacionadas con la investigación, en lo que continúa el proceso penal en su contra.

 

Ruffo Appel enfrenta acusaciones por los delitos de delincuencia organizada, contrabando de combustible y operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de una investigación de la FGR relacionada con el denominado “huachicol fiscal”.

 

El caso deriva de las investigaciones iniciadas tras el aseguramiento de aproximadamente 15.5 millones de litros de combustible y 129 autotanques abandonados en Coahuila durante 2025, considerado uno de los mayores decomisos de hidrocarburos en el país.

 

Las pesquisas posteriores apuntaron a un esquema mediante el cual se habrían declarado volúmenes de combustible inferiores a los que realmente eran transportados o registrados como productos distintos, con el propósito de evadir el pago de impuestos. 

 

La empresa Ingemar, de la que Ruffo Appel ha reconocido ser accionista desde 2018, estaría implicada en el esquema de importación ilegal de combustible con el uso de facturas y documentos falsos. 

 

El exmandatario, emanado del Partido Acción Nacional y el primero en ser de oposición, fue detenido en julio pasado y posteriormente vinculado a proceso junto con otros imputados.